Por su apoyo a Israel, le recuerdan a Alemania su pasado genocida en África

El Gobierno de la República Federal de Alemania rechazó la demanda moral que interpuso Sudáfrica la semana pasada contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza. El presidente de Namibia, Hage Geingob, dijo que Alemania "eligió defender ante la CIJ los actos genocidas y espantosos del gobierno israelí contra civiles inocentes en Gaza y los territorios palestinos ocupados", aun cuando pudo expiar sus crímenes en el país africano mediante el gesto de condenar los de Israel en la franja.

Los crímenes de Alemania en Namibia:

Las fuerzas coloniales alemanas arremetieron contra los pueblos indígenas herero y nama entre 1904 y 1908.

En los ataques asesinaron al menos 65 mil hereros y 10 mil namaquas.

Como resultado del genocidio, la población herero disminuyó al menos 70% y la población namaqua disminuyó 50%.

Tres hechos caracterizaron el genocidio alemán: la muerte por inanición, el envenenamiento de los pozos utilizados por los hereros y namaquas, así como el acorralamiento de los nativos en el desierto de Namibia.

El Gobierno alemán, continuó ignorando un informe de la ONU publicado en 1985 que acusaba a Alemania de haber efectuado un exterminio. Finalmente, en 2021, reconoció que fue "un genocidio" y decidió sufragar un programa de desarrollo en el país africano por 1.100 millones de euros durante 30 años. Esto desató las críticas de la oposición en Namibia, ya que consideraban esta oferta como un "insulto" y acusaron a Berlín de "esconderse tras la ayuda al desarrollo", una práctica denunciada en numerosas ocasiones por los países del continente. Por su parte, los representantes de los herero y los nama exigen indemnizaciones individuales, a las que Alemania se ha negado en todo momento. En enero de 2023 acudieron al Tribunal Superior de Namibia para exigir la renegociación de la declaración conjunta de 2021, al considerar que viola una resolución parlamentaria de 2006, según la cual el proceso debe incluir a los descendientes de las víctimas.