
La campaña "I love Muhammad": India reprime la población musulmana
Una campaña para celebrar el Natalicio del Profeta Muhammad, se convirtió en un motivo de persecución y de ataques de hindúes y de las autoridades indias contra la población musulmana en varios estados del país.

En varios estados gobernados por el Partido Bharatiya Janata (BJP), incluido el estado de Uttar Pradesh, la policía registró decenas de ataques contra musulmanes que mostraban o coreaban "I love Muhammad". Esta campaña simbólica, inicialmente pacífica, se convirtió en el detonante de una indignación generalizada.
El detonante: Kanpur y un cartel con eslogan
Los hechos comenzaron el 4 de septiembre de 2025 en Kanpur: un cartel luminoso con la inscripción "I love Muhammad" se exhibió en un barrio predominantemente musulmán como parte de una procesión del Eid Milad-un-Nabi (Natalicio del Profeta). Los residentes hindúes protestaron, argumentando que el espacio estaba reservado para la festividad hindú de Ram Navami. La policía retiró el cartel e inició acciones legales contra varios musulmanes.
Expansión nacional y cifras
La campaña se extendió rápidamente a otras ciudades y estados: una expresión de devoción se convirtió en motivo de persecución. El grupo de derechos civiles Asociación para la Protección de los Derechos Civiles (APCR) informó que al menos 89 personas fueron arrestadas.
Protestas y derechos religiosos: Un discurso de libertad puesto a prueba
Líderes musulmanes como Asaduddin Owaisi han denunciado esta represión como un ataque a la libertad de creencia. "Decir 'I love Muhammad' no es un delito", publicó en X.
Los defensores de los derechos humanos argumentan que la expresión de la fe no puede criminalizarse sin violar los principios de libertad religiosa garantizados por la Constitución india y las normas internacionales.
Impactos concretos: Arrestos, demoliciones, presión social
En varios casos, tras la detención de manifestantes, se demolieron las casas de los acusados, denunciando esto como una forma de castigo extrajudicial.
Los activistas afirman que las personas afectadas son en su mayoría jornaleros o familias de bajos ingresos, lo que dificulta el acceso a la justicia.

