Lunes 9 de noviembre de 2026 ·
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Informe de ONU sobre la política israelí de demoliciones y negación de permisos de construcciones palestinas en Jerusalén

AIN-3/6/09-. En 1967, Israel ocupó Cisjordania y unilateralmente anexó a su territorio 70,55 km2 de la zona ocupada, que posteriormente fue integrado dentro de la Municipalidad de Jerusalén. Esta anexión contraviene el derecho internacional y no es reconocida por el Consejo de Seguridad de la ONU o los estados miembros de las Naciones Unidas. Independientemente de la anexión de Israel, la zona de Jerusalén oriental sigue siendo parte del territorio palestino ocupado (TPO) y sus residentes palestinos siguen siendo protegidos por la ley humanitaria internacional.

Por Agencia Islámica de noticias
Informe de ONU sobre la política israelí de demoliciones y negación de permisos de construcciones palestinas en Jerusalén
Informe de ONU sobre la política israelí de demoliciones y negación de permisos de construcciones palestinas en Jerusalén
AIN-3/6/09-. En 1967, Israel ocupó Cisjordania y unilateralmente anexó a su territorio 70,55 km2 de la zona ocupada, que posteriormente fue integrado dentro de la Municipalidad de Jerusalén. Esta anexión contraviene el derecho internacional y no es reconocida por el Consejo de Seguridad de la ONU o los estados miembros de las Naciones Unidas. Independientemente de la anexión de Israel, la zona de Jerusalén oriental sigue siendo parte del territorio palestino ocupado (TPO) y sus residentes palestinos siguen siendo protegidos por la ley humanitaria internacional.
A lo largo de la ocupación, Israel ha restringido el desarrollo palestino en el este de Jerusalem. Más de una tercera parte de Jerusalén oriental ha sido expropiada para la construcción de asentamientos israelíes, a pesar de la prohibición del derecho internacional humanitario de la transferencia de los civiles a los territorios ocupados.
Sólo el 13 por ciento de la zona anexa se encuentra actualmente dividida por las autoridades israelíes para la construcción de los palestinos, dentro de la cual los palestinos tienen la posibilidad de obtener permisos de edificación. Sin embargo, mucha de la tierra ya está edificada, la densidad de construcción autorizada está limitada y el proceso de aplicación es complicado y caro.
Además, el número de permisos concedidos por año a los palestinos no cubren la actual la demanda de vivienda. La brecha entre la necesidad de vivienda basada en el crecimiento de la población y la construcción permitida por la ley se estima en por lo menos 1.100 unidades de vivienda por año.
Como resultado, los residentes palestinos de Jerusalén oriental se encuentran frente a una grave escasez de vivienda causada por la falla de Israel de proporcionar a los palestinos un plan adecuado. Éste problema se ha exacerbado en los últimos años por la afluencia de los palestinos de Jerusalén en la ciudad debido a las barreras de construcción y la amenaza de perder la residencia en la ciudad si se trasladan fuera de las fronteras definidas por la municipalesdad de Israel.
Debido a las dificultades que encuentran los palestinos tratando de obtener permisos de construcción de la Autoridades israelíes, y debido a la posible falta de alternativas, muchos palestinos se arriesgan a construir sobre sus propias tierras sin permiso, a fin de satisfacer sus necesidades de vivienda. Al menos el 28 por ciento de todas las casas palestinas en Jerusalén oriental se han construido violando los requisitos de zonificación israelíes. Sobre la base de las cifras de población, este porcentaje equivale a unos 60.000 palestinos en Jerusalén oriental, cuyas casas están en riesgo de ser demolidas por las autoridades israelíes. Esta es una estimación conservadora, las cifras reales pueden ser mucho mayores.
Las demoliciones continúan en Jerusalén oriental
Desde 1967, las autoridades israelíes han demolido miles de estructuras palestinas en los territorios palestinos ocupados, incluyendo un estimado de 2.000 viviendas en Jerusalén este. Según las estadísticas oficiales, sólo entre el 2000 y el 2008 las autoridades israelíes demolieron más de 670 estructuras palestinas en el este de Jerusalén debido a la falta de permisos. De estas, aproximadamente 90 estructuras fueron demolidas en 2008, desplazando a unos 400 palestinos. En 2009, la OCHA ha registrado la demolición de 19 estrusturas palestinas en Jerusalén oriental, entre ellas 11 estructuras residenciales habitadas, debido a la falta de permisos. Como resultado de ello, unos 109 palestinos, incluidos 60 niños, fueron desplazados.
De particular preocupación son las zonas de Jerusalén oriental que se enfrentan a nuevas órdenes de demolición. Por ejemplo, en el área de Tel al Foul en Beit Hanina, Khalet el 'Ein en At Tur, Al Abbasiya en Ath Thuri, y Wadi Yasul entre Jabal al Mukabbir y Ath Thuri, se espera la ejecución de pedidos de demolición que afectarán a más de 3.600 personas. En el área de Bustan que ha recibido considerable atención de los medios, unas 90 casas están amenazadas de demolición, posiblemente desplazando a otros 1.000 Palestinos. Además, unos 500 residentes del barrio de Sheikh Jarrah enfrentan un potencial desalojo ya que sus hogares se encuentran en tierras impugnadas por los colonos israelíes.
Política similar en la Zona C
La política de demolición de viviendas de Israel no se limita a Jerusalén oriental. Cada año, cientos de estructuras de propiedad palestinas son demolidas en la Zona C de Cisjordania por falta de permisos de construcción. Miles de otras familias palestinas en la zona C enfrentan la constante amenaza de demolición debido a las órdenes. Más allá de una serie de diferencias, la realidad en Jerusalén Oriental y la zona C es bastante similar: la construcción palestina en la mayoría de estas zonas está muy limitada, las familias palestinas enfrentan el desplazamiento, y hay un reducido espacio para el desarrollo de comunidades palestinas.
Impacto sobre la población palestina
La demolición de casas causa importantes dificultades para la población afectada. Las familias desplazadas deben superar no sólo la angustia psicológica de perder sus hogares, sino que generalmente son cargados con deudas después de la pérdida de su principal activo, la casa demolida, y, si han tenido un abogado, el pago de honorarios legales. En el caso de Jerusalén oriental, las familias también se enfrentan a fuertes multas impuestas por la municipalidad de Jerusalén y, en algunos casos, la prisión.
Los niños, que representan más del 50 por ciento de la población palestina, se ven particularmente afectados por el desplazamiento de sus familias. En lo inmediato después de las demoliciones, los niños se enfrentan a menudo a lagunas en la educación y el acceso limitado a los servicios básicos, tales como la atención de la salud y agua potable. Impactos de largo plazo incluyen síntomas de trastornos psicológicos y la disminución del rendimiento académico.
Destacando el efecto perjudicial de los desalojos y las demoliciones en Jerusalén oriental, el Coordinador Especial de la Oficina de Naciones Unidas señaló que en marzo de 2009 "esas acciones dañan a los palestinos, aumentando las tensiones en la ciudad, socavando los esfuerzos para construir confianza y las negociaciones y son contrarias a las leyes internacionales y los compromisos de Israel".
Acontecimientos recientes indican que la municipalidad de Jerusalén mantendrá, y posiblemente acelerará su política en materia de demoliciones de casas.
El camino a seguir
Como potencia ocupante, Israel debe asegurar que las necesidades básicas de la población palestina del territorio ocupado sean cubiertas. Con el fin de satisfacer esta obligación, las autoridades israelíes deben "congelar" todas las órdenes de demolición pendientes y llevar a cabo una planificación que se ocupe de la Crisis de la vivienda palestina en Jerusalén oriental. Al mismo tiempo, debe dirigir apoyo hacia organizaciones y organismos que trabajan para satisfacer las necesidades inmediatas y de más largo plazo de las familias desplazadas como resultado de las demoliciones. Además, se requiere asistencia para las comunidades palestinas que están tratando de impugnar las restricciones en el sistema actual a través de asistencia jurídica, iniciativas de planificación y consultoría.