
Extranjeros en su propia tierra: los musulmanes de España ante las elecciones
Para evitar marginar a un segmento significativo de la sociedad —compuesto por millones de personas, cada una con su propia historia de vida—, el próximo gobierno, que surgirá de las elecciones del 29 de noviembre, debe abstenerse de institucionalizar la sospecha hacia los inmigrantes y las minorías religiosas.

Cualquiera que conozca España de primera mano reconoce la magnitud de la transformación demográfica que ha experimentado el país, así como la forma en que su sociedad ha logrado integrar la diversidad resultante —a pesar de los conflictos que persisten hasta el día de hoy y que, a menudo, adquieren una dimensión cultural—.
Además, la diversidad social derivada de la migración ofrece una perspectiva más amplia sobre la naturaleza de la identidad colectiva. Dicha identidad no se configura únicamente a partir de la herencia cultural; también viene definida por la naturaleza de la relación que se establece con los demás y por los límites que los grupos trazan para distinguirse de quienes quedan fuera de su ámbito. Estos límites no son estáticos, sino que evolucionan en respuesta a las transformaciones sociales y políticas.
Por esta razón, quienes ostentan el poder poseen una inmensa autoridad para determinar dónde se traza esa línea; y esto es precisamente lo que estará en juego si la derecha y la extrema derecha gobiernan juntas, impulsando una agenda basada en la confrontación identitaria.
El último estudio demográfico realizado por la «Unión de Comunidades Islámicas de España», basado en datos de finales de 2024, estima el número total de musulmanes en 2,54 millones, lo que representa aproximadamente el 5 % de la población.

Cabe destacar que cerca de 1,15 millones de ellos —el 45 %— poseen la nacionalidad española, mientras que 1,4 millones son ciudadanos extranjeros. Asimismo, el 36 % del total de la población musulmana es de origen marroquí.
El estudio precisa la identidad de estos musulmanes españoles: entre ellos se incluyen residentes de Ceuta y Melilla (en Ceuta, por ejemplo, 31 275 de los 35 705 musulmanes tienen la nacionalidad española), así como más de 630 000 personas que han adquirido la nacionalidad española desde finales de la década de 1960, junto con sus hijos, nietos e incluso generaciones posteriores.
Algunas de estas familias llevan tres o cuatro generaciones en el país; la mía es una de ellas. Por tanto, hay que tener en cuenta que cualquier política dirigida contra los «musulmanes» afectaría a casi la mitad de ellos, dado que son ciudadanos.
El partido «Vox» entró en la campaña electoral española defendiendo la idea de una «deportación masiva» —centrada específicamente en ciudadanos de origen marroquí—, acompañada de una retórica explícitamente antiislámica que presenta esta religión como algo ajeno a España.

Mediante este discurso, el partido ha logrado infundir miedo en millones de personas, dando a entender que su ciudadanía es meramente temporal y que no se les permitiría permanecer en el país si el partido llegara al poder.
El partido Vox ha insistido sistemáticamente en vincular la inmigración y a los musulmanes con la delincuencia, una afirmación que los datos desmienten de forma reiterada. Esta asociación falsa ha contribuido a un aumento del 23,63 % en los delitos de odio, según un informe sobre dichos incidentes elaborado por el Ministerio del Interior.
Aunque muchos de estos sucesos no llegan a denunciarse, diversos indicadores revelan un creciente sentimiento de hostilidad hacia los inmigrantes y las minorías religiosas en la sociedad española; una tendencia que habría resultado inesperada hace tan solo unos años. El discurso político y una parte importante de los medios de comunicación han alimentado estos temores al asociar la inmigración con la delincuencia, fomentando así la desconfianza y generando un clima social cada vez más tenso, especialmente hacia los musulmanes.
Lo que está ocurriendo en España es, por desgracia, parte de una ola que recorre todo el continente. En Alemania, «Alternativa para Alemania» (AfD) —un partido de extrema derecha con vínculos con el nazismo— ha pasado de la marginalidad a convertirse en la segunda fuerza política del país.
El mismo patrón se repite en Francia, Italia, los Países Bajos, Austria y Suecia, donde la inmigración se presenta como una explicación universal para problemas que, en realidad, tienen su origen en cuestiones económicas, como la escasez de vivienda o las condiciones de vida precarias.
Lamentablemente, esta retórica excluyente no se limita a la extrema derecha; también está arrastrando al centroderecha a su órbita. Con el fin de evitar la pérdida de sus propios votantes, los partidos de centroderecha están adoptando parte de este discurso y las medidas políticas asociadas a él, normalizando así una narrativa que, como bien sabemos, resulta extremadamente difícil de revertir.
Resulta irónico que, hoy en día —en pleno siglo XXI—, la historia se esté reinterpretando con el fin de discriminar a un sector de la población española; y esto, en un país donde las comunidades cristiana, judía y musulmana convivieron durante ocho siglos, en una relación marcada tanto por el conflicto como por el entendimiento mutuo.

La lengua española conserva miles de palabras de origen árabe, y sus ciudades abundan en arquitectura de influencia árabe. Asimismo, su gastronomía, su toponimia y los apellidos de innumerables familias sirven como recordatorio cotidiano de un legado que contribuyó a forjar la identidad española. Irónicamente, el relato que presenta a España como una nación homogénea y «pura» es, de hecho, el más reciente —y el menos fiel— a nuestra historia.
Por tanto, para evitar marginar a un segmento significativo de la sociedad —compuesto por millones de personas, cada una con su propia historia de vida—, el próximo gobierno, que surgirá de las elecciones del 29 de noviembre, debe abstenerse de institucionalizar la sospecha hacia los inmigrantes y las minorías religiosas.
Actuar de otro modo podría acarrear repercusiones como las que ya se observan en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lleva a cabo detenciones y deportaciones arbitrarias que vulneran los derechos humanos.
Debemos garantizar que muchos españoles no sean tratados como extranjeros en su propio país, ni sufran discriminación por razón de su origen o religión. Tal exclusión podría empujarlos a refugiarse en identidades cerradas y aisladas; un proceso que, como se ha visto en otras naciones europeas, puede derivar en la formación de «guetos» —enclaves aislados para minorías— y avivar el conflicto.
Esto ilustra el concepto de la «profecía autocumplida»: cuando tratas a alguien como a un extraño, lo empujas a actuar conforme a la imagen que has proyectado sobre él.
Para evitar esto —y para prevenir el colapso de la convivencia social—, España y sus votantes deben reflexionar: ¿es acaso su vecino, su compañero de clase, el comerciante de su barrio o su médico realmente esa figura estereotipada? ¿O se trata, en realidad, de un ser humano —como usted o como yo— que carga con su propia historia personal y se esfuerza por lograr una vida mejor para sí mismo y para su familia, todo ello en un entorno cada vez más deshumanizado y marcado por una competencia feroz?
Ante la proximidad de las elecciones, España debe ser consciente de que, si bien la convivencia social se construye lentamente, puede desmoronarse en un instante, escribió para Al Jazeera, Mohamed Azahaf, Excoordinador federal del sector de Participación y Diversidad en el Partido Socialista Obrero Español, y experto en cuestiones migratorias.

