España: el hiyab en las escuelas y en los edificios públicos, ¿sí o no?

Manifestación de estudiantes en Parla (Madrid) a favor del hiyab en las aulas de los institutos para desafiar la prohibición de tres centros educativos que lo han vetado en sus reglamentos internos. 

No es el único sitio en el que el hiyab es noticia. Simultáneamente la alcaldesa de Ripoll (Girona) y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, plantea una modificación de las ordenanzas para impedir el acceso a cualquier dependencia municipal con este atuendo en la cabeza.

Aterrizan en España los problemas con los que otras sociedades europeas han lidiado antes. Los franceses, "campeones de la laicidad", ya prohibieron que las alumnas pudieran utilizar el pañuelo en 2004. Una restricción que ha ido en aumento. Recientemente la ampliaron al mundo del deporte, impidiendo el uso de estas prendas en sus equipos nacionales. También han prohibido el uso de vestimenta que permite la identificación religiosa de quien la porta, aunque deje el rostro al descubierto. 

En Alemania, por ejemplo, sí pueden llevar la prenda en la cabeza las alumnas, pero no las profesoras. 

En España no hay legislación específica sobre la cuestión. Aunque existen resoluciones judiciales lejanas en el tiempo que avalan la discrecionalidad de los centros educativos para establecer sus propios reglamentos internos de obligado cumplimiento. 

Dos sentencias, una del Contencioso-Administrativo en Madrid y otra del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, así lo acreditan. 

Entre los favorables al prohibicionismo los argumentos más recurrentes utilizados son tres: feminismo, laicismo y facilitación de la convivencia o seguridad ciudadana. No se nos escapa que hay uno más, solo que este no puede exhibirse impunemente y hay que camuflarlo entre alguno o todos los anteriores: la islamofobia.

Quienes insisten en la prohibición refiriéndose a la laicidad lo hacen habitualmente desde un menosprecio más o menos disimulado hacia la creencia religiosa, sin acabar de entender quizás que la neutralidad religiosa obliga al estado y a las instituciones, pero no al ciudadano. 

Los que creen que la prohibición hace más fácil la convivencia -tal sería el caso de los reglamentos internos de los colegios- o quienes arguyen cuestiones de seguridad ciudadana (en este caso no para el pañuelo, sino para prendas mucho más restrictivas como el burka) parten también de una consideración más bien tibia del derecho a la libertad religiosa. Sobre los islamófobos nada que añadir. Sólo que pueden utilizar uno o todos los argumentos anteriores para blanquear su verdadera motivación.

Entre los contrarios a la prohibición las motivaciones principales son dos: de nuevo el feminismo y quienes, desde el lado opuesto a los prohibicionistas, consideran la libertad religiosa como algo esencial que sólo puede ser coartado -también en su expresión a través del vestir- en contadísimas ocasiones y siempre que el bien a proteger lo justifique sobradamente. 

Que el feminismo pueda mostrarse a favor o en contra de la prohibición del hiyab es normal, dada la amplitud del movimiento y los divergentes puntos de vista que caben en él. 

En el caso del feminismo provelo la libertad individual de la mujer o la joven operaría como principal argumento. Pero también hay quienes se oponen a la prohibición desde una perspectiva feminista porque consideran que, lejos de favorecer la liberación de la mujer musulmana desde la buena fe, lo que provocaría es el efecto contrario. Defienden que forzarlas a evitar el pañuelo limitaría sus posibilidades reales de emancipación, puesto que se estaría dando una coartada a su familia o comunidad más cercana para prohibirle o dificultar su participación en actividades en las que obligatoriamente tuviera que mostrarse con la cabeza al descubierto. 

Y como de lo que estamos hablando es de limitar y hasta qué punto un derecho fundamental, corresponde al Gobierno y a las Cortes asumir la responsabilidad de impulsar un marco jurídico que facilite las cosas a pie de calle y al resto de administraciones. 

El sentido común indica, al menos esa es mi opinión, que deberían prohibirse en el espacio público las prendas que impiden la identificación del individuo que se esconde bajo el ropaje. Pero este no es el caso del velo, cuya batalla a favor o en contra ha de dirimirse en la zona de los grises. Grises que nada tienen que ver con una política pro o antiinmigración, con el cierre o no de fronteras, con las políticas más o menos favorables a las reagrupaciones familiares, con la expulsión de extranjeros que delinquen o con cualquier otro aspecto referido a la gestión de la inmigración que todavía está por llegar. 

A quienes afecta la prohibición o no del velo en escuelas y centros públicos es a quienes ya están aquí, muchos de ellos españoles, a los que debe garantizarse el ejercicio de sus derechos fundamentales, entre ellos el de libertad religiosa.

Así que valdría la pena empezar a hablar de ello seriamente para poder fijar las reglas sobre esta cuestión en un escenario lo más sereno posible y sacando provecho de la experiencia de los países que han lidiado o lidian con la cuestión desde hace más tiempo que nosotros. 

Fuente: El Confidencial