Austria legisla contra la ley islámica

El desencadenante de esta reacción legislativa ha sido una reciente y controvertida sentencia del Tribunal Regional de Asuntos Civiles de Viena. En el discurso de una disputa patrimonial entre dos adultos musulmanes, ambos acordaron someterse a la Sharia, también conocida como la ley islámica, y uno de ellos fue condenado a pagar 320.000 euros al otro.

Insatisfecho, recurrió al citado tribunal, que dio por bueno el fallo arbitral. La cláusula firmada decía: «El tribunal arbitral decidirá sobre el fondo del caso basándose en la ley islámica (Ahlus-Sunnah wal-Jamaah) y de conformidad con la equidad, según su leal saber y entender». Validaba así el laudo arbitral de la Sharia, afirmando que las partes tienen derecho a elegir normas religiosas o no estatales para resolver disputas privadas y que la aplicación de la Sharia es válida si no vulnera el orden público ni los derechos fundamentales.

«La Sharía no tiene nada que ver con Austria ni con los principios de nuestra Constitución», opina por el contrario Claudia Plakolm, ministra austriaca de Integración. 

Para evitar la proliferación de «sentencias paralelas», el gobierno de Viena anuncia que se dispone a blindar la Justicia constitucional y endurecer la Ley del Islam (Islamgesetz). La Ley del Islam de 2015 lo reconoce como religión oficial, pero prohíbe la financiación extranjera de mezquitas y la imposición de normas religiosas en instituciones públicas. El gobierno se propone ahora reforzar el veto a los matrimonios forzados y de menores e imponer programas de integración obligatorios desde el primer día.

En cuanto al arbitraje, Austria reconoce hasta ahora el arbitraje religioso como mecanismo válido para resolver disputas civiles. Según el Código Procesal Civil (§§ 577–618), las partes pueden pactar que un árbitro decida conforme a disposiciones jurídicas estatales o extranjeras, reglas religiosas o éticas, como la Sharía, el derecho canónico o el Halajá, y principios de equidad. Esto siempre que el resultado no contradiga el orden público austríaco y que se den los criterios de consentimiento libre de ambas partes, supervisión judicial y no aplicación generalizada, de manera que no puede imponerse a terceros ni sustituir el derecho civil. Este marco legal se inspira en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que promueve la flexibilidad en arbitrajes internacionales.

En el documento de trabajo del gobierno federal, se estipula una acción contra la ley Sharia muy especialmente enfocada al estatuto del personal, porque «es ahí donde las disposiciones legales medievales de la Sharia podrían causar un daño particularmente grande». «La aplicación de reglamentos que degraden a las mujeres a ciudadanos de segunda clase, por ejemplo, no debe tolerarse bajo ninguna circunstancia», ha especificado Marchetti, informó ABC.