A pesar de contar con una partida anual de hasta 40 millones de libras, varios centros denuncian dificultades para acceder a las ayudas destinadas a garantizar la seguridad de sus lugares de culto. 

Las críticas se centran, en particular, en plazos de espera que pueden llegar a los dos años, denegaciones sin justificación y una falta de transparencia en la tramitación de las solicitudes. 

Según los responsables de las mezquitas afectadas, estos obstáculos retrasan la implementación de medidas de protección, en un contexto en el que los ataques contra los lugares de culto musulmanes generan una creciente preocupación.

Ante la imposibilidad de obtener financiación en plazos razonables, algunas mezquitas recurren a las donaciones de los fieles para sufragar su seguridad. De este modo, las propias comunidades deben financiar una protección para la que, en teoría, existe apoyo público. 

La investigación busca esclarecer por qué las ayudas no llegan con fluidez a los centros que las solicitan. Los parlamentarios pretenden examinar las condiciones de acceso al programa y las causas de los retrasos, con el fin de arrojar luz sobre las deficiencias denunciadas, según informó Oumma.