Colombia inauguró este miércoles su embajada ante Israel en Jerusalén, convirtiéndose en el décimo país en dar este paso.
La medida coincidió con la reactivación de un tratado de libre comercio entre Colombia y el regimen sionista y suscitó críticas por parte de sectores palestinos y árabes, que consideraron la decisión una violación del derecho internacional y de las resoluciones internacionales pertinentes.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina declaró que la apertura de la embajada colombiana en Jerusalén constituye "una violación del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, así como un atentado contra los legítimos derechos nacionales del pueblo palestino".
El Ministerio afirmó que todas las medidas y decisiones destinadas a alterar el estatus jurídico e histórico de Jerusalén son "nulas y carecen de efecto legal", calificando la medida como una vulneración del consenso internacional sobre el estatus jurídico de la ciudad.
El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino instó al gobierno colombiano a revertir la decisión y a ajustarse al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas.
Asimismo, exhortó a los Estados, así como a las organizaciones regionales e internacionales, a adoptar medidas políticas, diplomáticas, económicas y jurídicas contra los países que trasladen sus embajadas a Jerusalén o las abran en dicha ciudad.
Condenas árabes
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita condenó la apertura de la embajada de Colombia en Jerusalén, calificándola de "violación flagrante del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de legitimidad internacional", y afirmando que constituye una vulneración directa del estatus jurídico e histórico de la ciudad.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Jordania también condenó la medida, calificándola de "violación del derecho internacional y de las resoluciones de legitimidad internacional", y afirmó que cualquier medida o decisión destinada a alterar el estatus o la situación jurídica de Jerusalén es "nula y carece de efecto legal".
Amán subrayó que el camino para lograr una paz justa e integral reside en el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano, basado en las líneas del 4 de junio de 1967 y con Jerusalén Oriental como capital.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait condenó la apertura de la embajada e instó a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad a asumir sus responsabilidades frente a los intentos de imponer una nueva realidad en los territorios palestinos ocupados.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto también afirmó que la decisión de Colombia de abrir una embajada en Jerusalén socava los esfuerzos por alcanzar una paz justa e integral y constituye "un intento de imponer un hecho consumado que afecta al estatus jurídico e histórico de la ciudad ocupada de Jerusalén".
Se declaró que todas las medidas unilaterales destinadas a alterar el estatus jurídico e histórico de la ciudad ocupada de Jerusalén son nulas y carecen de efecto jurídico. Asimismo, se subrayó la necesidad de respetar las resoluciones de la legitimidad internacional y de defender la solución de dos Estados como la única vía para lograr una paz justa e integral, garantizando el establecimiento de un Estado palestino independiente basado en las líneas del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital.
La Liga de los Estados Árabes expresó su "enérgica condena y rechazo" a la apertura de la embajada de Colombia en Jerusalén y advirtió sobre las repercusiones de dicha decisión, señalando que esta se adoptó a pesar de las reiteradas advertencias y comunicaciones con la parte colombiana y que contraviene el consenso internacional respecto a Jerusalén.
Asimismo, instó a Colombia a reconsiderar y revertir su decisión, así como a apegarse a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, a las normas del derecho internacional y a las resoluciones de legitimidad internacional, informó Al Jazeera.
La Resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en 1980, estipula el no reconocimiento de las medidas israelíes destinadas a alterar el carácter y el estatus jurídico de Jerusalén e insta a los Estados que habían establecido misiones diplomáticas en la ciudad a retirarlas.