El activista Isaac B. Colón, conocido por su nombre de usuario en Instagram, @TalibanRD, depositó formalmente una denuncia ambiental ante la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, dando así el primer paso de lo que asegura será una ofensiva legal para lograr la intervención de las autoridades dominicanas sobre el proyecto.

Su posición es contundente, entiende que existen elementos suficientes para que el Estado intervenga la obra y sostiene que, si se confirman las irregularidades denunciadas, la mezquita debe ser demolida.

“Ya el Estado no puede decir que no sabe”

La acción tiene como principal argumento la ubicación de la denominada Mezquita Nurul-Islam, construida en el Boulevard Turístico del Este, Verón-Punta Cana, justo al lado de una planta o punto de expendio de gas licuado de petróleo (GLP) que sería preexistente al proyecto, según el Nuevo Diario.

“Hasta ahora podían alegar desconocimiento. Desde este momento, ya no. La Procuraduría tiene una denuncia formal sobre su escritorio y el Estado tiene suficientes elementos para investigar inmediatamente cómo se permitió levantar una edificación destinada a recibir cientos de personas en esas condiciones”, expresó Isaac.

El influencer asegura que, a su juicio, si las autoridades comprueban que la construcción viola las normas que hacen legalmente posible su permanencia en ese lugar, la respuesta no puede limitarse a una multa.

La denuncia solicita a la Procuraduría ordenar una inspección técnica junto al Ministerio de Medio Ambiente y el Cuerpo de Bomberos para verificar las distancias de seguridad y el cumplimiento de las normas de prevención de incendios.

También exige que los responsables del proyecto presenten los permisos o licencias ambientales y los estudios técnicos de seguridad correspondientes.

En caso de comprobarse incumplimientos, la instancia solicita formalmente la adopción de las medidas correctivas, de mitigación o suspensión que correspondan, además de las sanciones administrativas o penales contempladas por la legislación dominicana.