Veinticinco musulmanes fueron asesinados en la India entre mayo y julio de 2026; 15 de las muertes se atribuyeron a agentes estatales y 10 a agentes no estatales extremistas hindúes. Así lo indica el 'India Persecution Tracker' (Monitor de Persecución en la India) de la organización South Asia Justice Campaign.

Según dicho monitor, las cifras sitúan a 2026 en camino de convertirse en el año más mortífero en cuanto a crímenes de odio contra musulmanes desde que se comenzó a registrar este tipo de asesinatos en 2022.

De acuerdo con los datos recopilados, la cifra total de fallecidos en los primeros siete meses de 2026 asciende a 44: 19 musulmanes asesinados por agentes estatales y 25 por agresores vinculados a la ideología 'Hindutva'.

El informe señala que, durante este periodo, los agentes estatales continuaron empleando el «amplio y ampliamente documentado repertorio de medidas coercitivas contra los musulmanes», que incluye asesinatos en supuestos «enfrentamientos» policiales y bajo custodia, la detención de cientos de personas, la demolición de viviendas y lugares de culto mediante excavadoras y la expulsión forzosa de familias hacia Bangladesh a través de la valla fronteriza durante la noche; prácticas observadas especialmente en Uttar Pradesh, Assam, Cachemira y, cada vez más, en Bengala Occidental.

Al menos 23 estructuras religiosas musulmanas fueron demolidas en menos de dos meses en seis estados, mientras que más de 1.000 viviendas, negocios y lugares de culto musulmanes fueron arrasados ​​en al menos 21 operaciones de demolición repartidas por ocho estados. Esto eleva a más de 3.000 el número total de estructuras de este tipo demolidas en lo que va de 2026, según el informe, el cual también destaca que el Tribunal Supremo se negó a aplicar sus propias salvaguardias frente a las demoliciones y, en su lugar, remitió las demandas por desacato a los Tribunales Superiores.

En Cachemira, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 2.500 personas en las 48 horas posteriores a un ataque insurgente ocurrido en julio y demolieron con explosivos las viviendas de dos familias; por otro lado, en al menos seis estados, la policía llevó a cabo detenciones selectivas de musulmanes al responder a las protestas estudiantiles que se extendían por todo el país.

Entre los 25 musulmanes fallecidos, 15 murieron a manos de la policía y el personal de seguridad, y 10 fueron asesinados por extremistas hindúes en crímenes de odio por motivos religiosos en cinco estados; entre las víctimas se encontraban una niña de 11 años y un joven de 16.

El monitor sostiene además que la retórica antimusulmana empleada por figuras políticas de alto nivel contribuyó a fomentar un clima de discriminación. Cita advertencias de relatores especiales de la ONU señalando que el discurso sobre «infiltrados» corría el riesgo de equiparar a los ciudadanos musulmanes indios con extranjeros, lo que podría constituir una incitación a la discriminación según el derecho internacional. También destacaron lo que describieron como el «acto de valentía judicial más trascendental» del trimestre: un juez musulmán condenó a cadena perpetua a 14 «vigilantes de las vacas» por un linchamiento, pero posteriormente solicitó protección policial tras recibir amenazas de extremistas hindúes.

En los días posteriores a la primera victoria electoral del BJP en el estado, ataques contra mezquitas, negocios propiedad de musulmanes y asentamientos de vendedores ambulantes se cobraron la vida de al menos dos personas; una de ellas murió mientras intentaba proteger una mezquita.

El nuevo gobierno también implementó medidas que afectaban a los musulmanes, tales como la verificación de la ciudadanía vinculada a las prestaciones sociales, modificaciones en la lista de cuotas de reserva, un recorte del 62 % en el presupuesto destinado a asuntos de minorías y madrazas, y restricciones al sacrificio de ganado.

Se instruyó a la policía para que entregara a las fuerzas fronterizas a los presuntos «infiltrados» detenidos sin ponerlos a disposición judicial, mientras el gobierno anunciaba 4800 «deportaciones» en su primer mes; asimismo, se excluyó a 77 comunidades musulmanas de la lista de reserva para clases desfavorecidas y se sometió a vigilancia a las madrazas.

Se señaló que el aparato estatal, dirigido contra los musulmanes de habla bengalí, operaba mediante la eliminación de personas de los censos electorales y las expulsiones, utilizando el mecanismo de Revisión Intensiva Especial (SIR).

Además, se informó que el gobierno restringió el sacrificio de ganado pocos días antes del Eid al-Adha y procesó a manifestantes —13 de los 14 detenidos eran musulmanes— durante las protestas por la filtración del examen NEET, aplicando una nueva ley de detención preventiva, al tiempo que el ministro principal, Suvendu Adhikari, se refería a ellos como «esa gente de los viernes», informó el sitio maktoobmedia.com