El informe de 94 páginas, publicado el 18 de junio de 2026 por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Oriental e Israel, lleva por título: “La esencia de la infancia ha sido destruida”: los ataques deliberados de Israel contra niños palestinos en el Territorio Palestino Ocupado desde el 7 de octubre de 2023.

El informe abarca el período comprendido entre el 7 de octubre de 2023 y el 31 de marzo de 2026, y constituye un registro jurídico y fáctico exhaustivo de atrocidades que, en cuanto a su duración y carácter sistemático, eclipsan prácticamente cualquier episodio comparable de violencia dirigida por el Estado contra una población civil en la era moderna.

Si bien las conclusiones de la Comisión no son nuevas, resultan devastadoras por su alcance y acumulación. El World Socialist Web Site ha seguido de cerca e informado sobre este genocidio desde sus inicios, documentando cada masacre, cada hospital destruido, cada hambruna provocada deliberadamente y cada acto de cobardía política por parte de gobiernos que afirmaban oponerse al genocidio en principio, mientras que en la práctica lo permitían. Desde las primeras semanas del ataque de Israel, el WSWS denominó a la campaña por su nombre correcto: genocidio. La Comisión de la ONU ha llegado ahora oficialmente, después de dos años y medio, precisamente a la misma conclusión.

Las primeras líneas del informe establecen su alcance con precisión. Desde el 7 de octubre de 2023, las operaciones militares israelíes han provocado la muerte de al menos 20.179 niños palestinos y han dejado heridos a otros 44.143. Los niños representaron el 27 por ciento del total de muertos y heridos en Gaza durante un período de dos años. Gaza tiene ahora el triste récord de contar con la mayor concentración de niños amputados en todo el mundo.

Estas no son bajas accidentales de la guerra. La conclusión central de la Comisión, reiterada a lo largo del documento, es que las fuerzas israelíes atacaron de manera intencional y directa a los niños. La Comisión señala que sus pruebas “revelan patrones recurrentes de conducta que no pueden ser el resultado de incidentes aislados”, y destaca que los niños fueron asesinados con rifles de francotirador de precisión, drones cuadricópteros y municiones aéreas que proporcionaban a los operadores “un alto grado de confirmación visual clara del objetivo, incluyendo si este es un niño”.

El análisis de la Comisión enumera lo que califica como crímenes en múltiples categorías del derecho internacional. En el ámbito de los crímenes de guerra, la Comisión declara a Israel culpable de homicidio doloso, tortura y trato inhumano, ataques intencionales contra civiles, destrucción de bienes y “atentados contra la dignidad personal” —incluida la humillación y deshumanización sistemáticas de niños palestinos durante las detenciones masivas y los encarcelamientos.

En el ámbito de los crímenes de lesa humanidad, la Comisión constata exterminio, asesinato, persecución, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos.

Lo más grave es que, en el ámbito del genocidio, la Comisión reafirma sus conclusiones anteriores y las extiende directamente a los niños.

Las conclusiones de la Comisión sobre el genocidio, que se basan en un informe específico anterior, se fundamentan en la definición de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. La Convención exige la prueba de actos específicos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. La Comisión aporta pruebas de que se han cometido cuatro categorías de actos genocidas contra los palestinos en Gaza y tres de estas categorías se relacionan directamente con los niños.

En primer lugar, el asesinato de miembros del grupo: la Comisión concluye que el asesinato directo e intencional de niños palestinos —mediante armas de precisión, municiones de amplio alcance, asedios y la denegación de atención médica— constituye el asesinato de miembros del grupo protegido con intención genocida. La Comisión señala que el uso continuado por parte de Israel de municiones explosivas de gran alcance en zonas densamente pobladas, a pesar del creciente número de víctimas infantiles y de las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia, demuestra que estas muertes fueron “intencionales” y no colaterales.

En segundo lugar, causar daños físicos o mentales graves a los miembros del grupo: decenas de miles de niños palestinos han sufrido lesiones catastróficas que requieren múltiples cirugías y rehabilitación de por vida —servicios que apenas existen en el destruido sistema de salud de Gaza—. Los niños que sobrevivieron a los bombardeos padecen amputaciones, quemaduras, politraumatismos y discapacidades permanentes. La Comisión considera que este daño era previsible, sistemático y fue infligido deliberadamente.

En tercer lugar, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física: el bloqueo total impuesto a Gaza, que impide el acceso a alimentos, medicinas, agua potable y ayuda humanitaria, ha provocado desnutrición aguda, el resurgimiento de enfermedades como la poliomielitis, el colapso del sistema de salud neonatal y una disminución cuantificable en la tasa de natalidad palestina.

La Comisión identifica cuatro indicadores específicos de intención genocida en relación con el asedio: la naturaleza y la duración del asedio en sí mismo; el conocimiento por parte de Israel de que destruiría a los palestinos como grupo; la continuación del asedio desafiando las órdenes de la Corte Internacional de Justicia; y el “encerramiento de los palestinos en Gaza, asegurándose de que no puedan escapar de la violencia y de la destrucción intencional del grupo”.

Es significativo que la Comisión escriba: “Tras evaluar el conjunto de los hechos, tomando en cuenta la naturaleza y la duración de estos actos, sus consecuencias previsibles y la denegación prolongada de medidas correctivas, la Comisión reitera su conclusión de que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes infligieron deliberadamente a los palestinos de Gaza condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial, con la intención específica de destruir al grupo, como tal”.

En el informe anterior se estableció una cuarta categoría —la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos— que se refiere a la destrucción sistemática por parte de Israel de la atención médica reproductiva y neonatal, lo cual, según la Comisión, ha provocado un aumento en las tasas de abortos espontáneos, partos prematuros, bajo peso al nacer, defectos congénitos y muertes neonatales. La Comisión señala que «el menoscabo de la capacidad reproductiva de los habitantes de Gaza y la denegación de la atención de salud reproductiva han infligido daños graves, desproporcionados y a largo plazo a las mujeres embarazadas, a los recién nacidos y a las generaciones futuras».

El gobierno israelí no cooperó con la Comisión. El informe señala que, desde el 7 de octubre de 2023, la Comisión envió 13 solicitudes de información y/o acceso al gobierno de Israel. No se recibió ninguna respuesta. Los funcionarios israelíes han tachado repetidamente a la Comisión de parcial, al Consejo de Derechos Humanos de antisemita y a los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia de ilegítimos.

La negación habitual del gobierno israelí adopta varias formas. Afirma que las bajas civiles en Gaza, incluidos los niños, son consecuencia del uso que hace Hamás de la infraestructura civil como cobertura, atribuyendo así la responsabilidad de las muertes a Hamás. Invoca el derecho a la legítima defensa en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Afirma que sus fuerzas armadas llevan a cabo operaciones en cumplimiento del derecho internacional humanitario y realizan investigaciones internas sobre las presuntas violaciones. Presenta la calificación de genocidio como un arma política esgrimida por los enemigos de Israel, en lugar de una determinación jurídica basada en pruebas.

Cada una de estas negaciones se desmorona ante un análisis minucioso. La Comisión examinó la afirmación de que los niños palestinos asesinados o detenidos eran “terroristas” o “combatientes” y determinó que se trataba de un patrón sistemático de etiquetado falso utilizado para justificar el asesinato y la detención de niños.

La justificación de la legítima defensa fracasa por la razón elemental de que el genocidio no puede constituir legítima defensa. Como la propia Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró en sus órdenes provisionales —que Israel ha “ignorado descaradamente”—, Israel tiene obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio que ninguna invocación de necesidad de seguridad puede anular.

La respuesta de los medios corporativos a las conclusiones de la Comisión ha sido, como era de esperarse, minimizar y ocultar su significado e importancia. Los medios de comunicación dominantes encabezaron su cobertura con las negativas israelíes, le dieron un lugar destacado a las acusaciones de parcialidad de la ONU y presentaron la conclusión de genocidio como una «controversia» en lugar de una determinación legal. La BBC y el New York Times, así como otros medios similares, trataron las conclusiones de la Comisión como una perspectiva más en un debate, al tiempo que reservaban autoridad incondicional a los portavoces militares israelíes. La respuesta de la administración de Trump fue aún más lejos. Tras haber retirado ya el apoyo de EE. UU. a los órganos de la ONU críticos con Israel, recortado los fondos a la UNRWA y brindado respaldo militar y diplomático incondicional al gobierno de Netanyahu, la administración desestimó el informe de la Comisión. Los funcionarios de Trump han calificado de «indignantes» las órdenes de aprehensión de la CPI contra funcionarios israelíes —emitidas contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant— y han amenazado con sanciones contra el personal de la CPI. EE. UU. ha demostrado que no es un mero espectador, sino un cómplice activo en el genocidio en curso.

Los gobiernos de Europa, Canadá y Australia han adoptado un discurso de “preocupación” mientras continúan con las transferencias de armas y la protección diplomática a Israel en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El gobierno laborista británico de Keir Starmer, a pesar de cierto distanciamiento retórico, mantuvo las ventas de armas y bloqueó medidas significativas de rendición de cuentas.

El gobierno alemán, invocando cínicamente su compromiso posterior al Holocausto de “nunca más”, proporcionó a Israel armas utilizadas en la comisión de actos que la ONU ahora califica oficialmente como genocidio. Se trata de una ironía histórica de proporciones grotescas, pero no es inexplicable dado el resurgimiento de organizaciones políticas fascistas como la AfD y el retorno del militarismo imperialista alemán.

Los partidos políticos que han argumentado persistentemente en contra de la calificación de genocidio —incluidos representantes tanto de los partidos Republicano y Demócrata de EE. UU., como de los partidos Conservador y Laborista británicos y sus contrapartes en toda Europa— tienen responsabilidad política directa por haber propiciado las condiciones descritas en este informe. Sus argumentos —de que la evidencia es insuficiente, de que Hamás tiene la responsabilidad principal, de que el conflicto es demasiado “complejo” para una determinación legal— han sido refutados definitivamente por 32 meses de evidencia documentada, ahora codificada en las conclusiones de la comisión de la ONU.

Como ha señalado sistemáticamente el World Socialist Web Site, el Tribunal de Núremberg de 1945-1946 estableció principios que siguen siendo la base del derecho penal internacional. El principal de ellos fue el reconocimiento de que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no surgen de la nada, sino que tienen su origen en lo que el Tribunal denominó el «crimen internacional supremo»: el crimen contra la paz, es decir, la planificación y ejecución de una guerra de agresión.

Los arquitectos del genocidio nazi fueron procesados no solo por lo que le hicieron a las víctimas judías, romaníes, eslavas y de otros grupos, sino por el carácter deliberado y planificado de la empresa y por su conexión con el proyecto criminal más amplio de conquista militar y subyugación.

Las políticas documentadas en el informe de la comisión de la ONU, desde la destrucción sistemática de la infraestructura civil hasta el hambre deliberada de una población, desde las detenciones masivas y la tortura de niños hasta el bombardeo de hospitales, no son aberraciones de una operación militar por lo demás lícita —son la operación misma. Son la expresión de un proyecto de limpieza étnica, respaldado por la clase política y militar israelí, para destruir al pueblo palestino como grupo nacional y cultural.

Los líderes políticos que autorizaron, ordenaron u ocultaron estos crímenes —incluidos los miembros del gabinete de guerra israelí, los altos mandos militares y los ministros que pidieron públicamente la destrucción de Gaza— tienen responsabilidad penal. Y la rendición de cuentas debe extenderse más allá de las fronteras de Israel, a quienes hicieron posible el genocidio: los líderes políticos que bloquearon la acción del Consejo de Seguridad de la ONU mediante vetos, los proveedores de armas que suministraron las armas utilizadas en las atrocidades documentadas y los funcionarios que negaron públicamente el genocidio mientras se acumulaban las pruebas.

Estos principios deben aplicarse con toda su fuerza a la conducta del Estado israelí. La ocupación del territorio palestino, que ya lleva seis décadas, constituye una violación sostenida del derecho internacional, incluida la prohibición de adquirir territorio por la fuerza. Las medidas necesarias para poner fin al genocidio de Gaza —así como a los crímenes de guerra en curso de Estados Unidos e Israel contra Irán y el Líbano— no pueden ser llevadas a cabo por la ONU, que es un instrumento del orden mundial imperialista, fuente de la barbarie del siglo XXI.

Si bien el informe de la Comisión de la ONU ofrece un registro detallado, tanto fáctico como jurídico, sobre el que deberían basarse los procesos por crímenes de guerra, y exhorta a los Estados miembros de la ONU a «detener a cualquier funcionario israelí contra el cual la CPI haya emitido órdenes de detención y extraditarlos a la custodia de la CPI», sigue siendo incapaz de hacerlas cumplir. La Comisión de la ONU, por ejemplo, no hace referencia al precedente de Núremberg ni aborda cuáles deberían ser las posibles sentencias en caso de que se dicten condenas contra los criminales de guerra israelíes y quienes les facilitaron la comisión de los delitos.

Fuente: WSWS.ORG