El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de una asociación de extrema derecha de suspender de forma urgente el decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros. 

En un auto notificado ayer jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que no se dan los criterios de urgencia para adoptar esa medida, que hubiera supuesto paralizar de forma inmediata la vigencia de la norma con la que el Ejecutivo prevé que unos 500.000 inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones.

La decisión del Supremo llega después de que la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica presentara un recurso contra el real decreto del Gobierno y pidiera al tribunal la adopción de una medida cautelarísima (sin audiencia previa del Ejecutivo) consistente en la suspensión de la norma. 

La asociación argumentó que se daba el requisito de “especial urgencia” que permite adoptar estas medidas cautelares urgentes, una tesis que ha rechazado el tribunal, que descarta esta posibilidad, ordena tramitar la petición de suspensión cautelar del decreto por la vía ordinaria y da 10 días a la Administración para que presente alegaciones.

La regularización se aprobó el pasado martes y el plazo para presentar solicitudes y enviar la documentación de forma telemática, para pedir cita previa y realizar el trámite presencial se ha abierto ayer jueves, informó el diario El País.

La regularización aprobada el martes fue modificada con respecto a su texto inicial por recomendación del Consejo de Estado para endurecer sobre todo lo relativo a antecedentes penales. El Ejecutivo se ha puesto a disposición de los inmigrantes para ayudarles a pedir esos antecedentes a sus países si estos no los envían a tiempo. El Ejecutivo ha insistido en que estos son casos excepcionales, porque la mayoría sí logra que le manden esos documentos.