Concretamente, todas las administraciones públicas estarán obligadas a «respetar la diversidad ética, cultural o religiosa», lo que implica «flexibilidad en los menús». De ese modo no sólo tendrán que permitir «opciones 100% vegetales (menús veganos)», sin gluten o sin lactosa, sino también menús halal.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy, de Sumar, ha elevado a consulta pública, que es el primer paso para aprobar cualquier norma propuesta por el Ejecutivo, el primer borrador de una norma para el «fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de titularidad pública» además de a «centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales».

La norma afecta a «los contratos de servicios y de concesión de servicios que tengan por objeto el servicio de restauración, incluidos los servicios de venta automática de alimentos y bebidas, celebrados por cualquiera de los poderes adjudicadores». Entre ellos, colegios y hospitales.

Esta normativa establecerá unos «criterios mínimos de calidad nutricional y sostenibilidad» que los centros públicos están obligados a cumplir «en la contratación de servicios y concesión de servicios relacionados con la oferta de alimentos y bebidas», informó Ok diario.

El texto normativo utiliza como referencia la experiencia en instituciones penitenciarias. Según el borrador, varios centros han reformado sus menús eliminando la dualidad entre dieta normal y dieta especial, creando una base común más saludable que se adapta a necesidades como la diabetes o la hipertensión.

De acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez, este modelo ha permitido un equilibrio entre contención de costes y mejora de los indicadores de salud de los internos. Además, se destaca una transición proteica que sustituye procesados cárnicos por legumbres, huevos y pescado, garantizando al mismo tiempo menús que respetan la diversidad cultural y religiosa, incluidos los halal y vegetarianos.