Situada entre el corazón de África y el Mediterráneo, Sudán cuenta con una historia milenaria. El reino de Kush, en el valle del Nilo, fue rival y centro de exportaciones del Egipto faraónico. El territorio se cristianizó entre los siglos VI y XIV, hasta la conquista islámica. En el siglo XIX, Sudán, que se encontraba bajo dominio otomano, fue conquistada por Egipto. La región se había convertido en un nudo estratégico de comunicaciones tras la construcción del canal de Suez. Entre 1881 y 1889 los partidarios del Mahdi (líder espiritual) intentaron instalar un estado islámico. Tras su derrota por Gran Bretaña, Sudán quedó bajo condominio anglo-egipcio hasta alcanzar la independencia en 1956.

La independencia exacerbó las profundas divisiones internas entre un norte musulmán y árabe, que controlaba los resortes del poder, y un sur mayoritariamente animista y cristiano. La desigualdad política y económica entre ambas regiones provocó dos guerras civiles (1955-1972 y 1983-2005) y una prolongada inestabilidad marcada por varios golpes de Estado.

La tragedia de Darfur

Sudán no fue ajeno al rápido deterioro que sufrió el contexto geopolítico en la década de 1990: la expansión del yihadismo, la gran guerra en África Central y la rivalidad entre las monarquías del Golfo y el Irán chií. En 1983 se descubrieron yacimientos de petróleo en el sur de Sudán. En 1989, un golpe militar elevó al poder a Omar al Bashir. Su régimen acabó con el Parlamento, impuso la ley islámica y acogió a figuras del yihadismo como Osama bin Laden.

Al mismo tiempo, Sudán vivía otra tragedia en Darfur. Esta región occidental, que los británicos habían integrado a Sudán en 1916 sin atender a sus peculiaridades étnicas, está estratégicamente situada entre Sudán, Chad, Libia y la República Centroafricana. La sequía y la hambruna de los años ochenta intensificaron los conflictos entre agricultores sedentarios negros y ganaderos nómadas árabes, respaldados por el gobierno de Jartum.

En 2003 estalló la rebelión de los agricultores, a la que el régimen respondió con una brutal campaña de represión que derivó en una limpieza étnica. Las milicias islamistas janjawid, con apoyo del ejército y la aviación, atacaron sistemáticamente a la población civil. Se calcula que fueron asesinadas unas 300.000 personas y que cerca de dos millones fueron desplazadas de sus hogares. El conflicto se extendió a regiones vecinas y provocó una de las mayores crisis humanitarias del siglo XXI.

“Darfur es una prueba moral para el mundo, y hasta ahora estamos suspendiendo”, dijo el entonces senador por Illinois Barack Obama. Pese a las denuncias de crímenes contra la humanidad del Tribunal Penal Internacional (TPI), la reacción internacional fue muy tibia. Al Bashir expulsó a las ONG y continuó apoyando a grupos rebeldes en países vecinos, lo que amplió la inestabilidad regional.

La independencia de Sudán del Sur

Mientras Darfur se consumía en la guerra, un acuerdo obtenido bajo presión internacional consiguió terminar la guerra entre el gobierno de Jartum y el Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán (MLPS), que aglutinaba a los rebeldes del sur.

El acuerdo establecía un reparto de los ingresos petroleros entre el gobierno central y los rebeldes, gestionado por compañías chinas (Sudán fue pionero en la llegada de inversiones de Pekín). No obstante, Jartum incumplió los compromisos, apropiándose de buena parte de los beneficios del crudo. En 2011, un referéndum condujo a la independencia de Sudán del Sur, que se convirtió en el país más joven del planeta.

Sin embargo, las luchas entre las diferentes etnias arruinaron enseguida el sueño de la nueva nación. La guerra comenzó en 2013 y causó millones de desplazados y entre 50.000 y 100.000 muertos en un solo año. A pesar de la creación de un gobierno de unidad en 2020, en la actualidad existen focos de violencia y milicias que se resisten al desarme gubernamental, y combatientes del MPLS participan en la guerra civil de la vecina República de Sudán.

La caída de Al-Bashir

Tras décadas de guerras, Sudán quedó sumido en una profunda crisis económica y social, con una espiral imparable de inflación, agravada por la deuda y las sanciones internacionales. Los ingresos del petróleo o del oro no se utilizaron para mejorar las condiciones de vida de la población, sino que quedaron en manos de las élites políticas y militares que sostenían al régimen. La agricultura, base de subsistencia de la mayoría, fue descuidada.

En 2016, Trump levantó las sanciones económicas a cambio de que el régimen rompiera relaciones con Irán y participara con tropas en el conflicto del Yemen. Se esperaba que esta nueva situación beneficiara a la población, pero sucedió todo lo contrario. El FMI aconsejó retirar los subsidios a los productos de primera necesidad, lo que repercutió en los más necesitados. El aumento del precio del pan desencadenó protestas masivas –con gran protagonismo de las mujeres–, con ecos de la Primavera Árabe, obligando a Al Bashir a dejar el poder en abril de 2019. Su juicio por crímenes de guerra por el TPI de La Haya está todavía pendiente.

Al Bashir dejaba atrás un país en la ruina. Más de 21 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria y alrededor del 70% de la población vivía en la pobreza general. A lo largo de las fronteras con Chad y Etiopía cientos de miles de refugiados se alimentaban de la caridad internacional. En Darfur, en Kordofán y otras partes del país continuaban los choques armados, los saqueos y las brutalidades de señores de la guerra alimentados por el caos, el tráfico de armas y el de oro.

El hoy y el ahora: la tercera guerra civil

El consejo civil de transición que se organizó tras la caída de Al Bashir era muy débil y estaba “tutelado” por los dos polos militares: el jefe del ejército (FAS), Abdelfatah al Burhan, y el líder de las milicias paramilitares más poderosas, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), formadas por los janjawid. Su líder era Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como “Hemeti”.

En octubre de 2021, Al Burhan dio un golpe de Estado y “Hemeti” se convirtió en su vicepresidente. Las conversaciones posteriores para integrar las FAR en el Ejército fracasaron. El siguiente paso, muy acorde con la historia del país, fue que los dos ganadores se enfrentaron entre sí para hacerse con todo el poder. En abril de 2023, las FAR atacaron instalaciones del gobierno y el aeropuerto de Jartum.

Ninguno de los dos bandos dispone de suficiente poder para decidir la guerra rápidamente, pero cualquier intento de negociación –por ejemplo, los realizados en la ciudad saudí de Yeda– se ha estancado prácticamente al comienzo. La lucha, articulada en torno a los yacimientos petrolíferos y los nudos logísticos, a partir de los cuales obtener suministros de los aliados internacionales de cada bando, ha ido siempre acompañada de masacres y abusos contra los derechos humanos, violaciones, ataques contra centros médicos y escasez de alimentos y agua, exacerbados por las altas temperaturas. La ONU estima que solo desde abril a septiembre casi cinco millones de personas abandonaron sus hogares, incluyendo más de un millón que salieron del país hacia campos de refugiados en los países fronterizos, en su mayor parte procedentes de Darfur.

Ambos bandos cuentan con socios regionales e internacionales con intereses económicos y estratégicos en el país. El oro, el petróleo y minerales como el litio y el uranio alimentan el conflicto. El gobierno de Jartum recibe apoyo de Egipto y Arabia Saudí. Rusia tiene un ambicioso proyecto para establecer una base naval en Port Sudan y el conflicto no ha podido sustraerse de la situación geopolítica exterior: mientras las FAR cuentan con el respaldo del grupo mercenario ruso Wagner (rebautizado Africa Corps), en septiembre de 2023 fuerzas especiales ucranianas participaron en un ataque con drones en apoyo del gobierno. 

Las grandes potencias quieren mantener la seguridad del estrecho de Bab el Mandeb, un cuello de botella estratégico por el que pasan alrededor del 12% del comercio mundial y 8,9 millones de barriles de crudo diario. Si el conflicto sudanés se extiende y se conecta con la inestabilidad en Somalia, Etiopía, República Centroafricana, Chad y Sudán del Sur, podría derivar en una nueva “guerra mundial africana” que supere incluso a la hecatombe de los Grandes Lagos en 1996-2000, cuyos ecos no se han apagado todavía.

Fuente: La Vanguardia