Si 2025 ha revelado algo incómodo sobre el rumbo de la India, no ha sido la aparición de un fenómeno nuevo, sino la normalización de aquello que nunca debería haberse vuelto aceptable: islamofobia, discursos de odio, castigos colectivos violentos y discriminación institucional.

Para muchos musulmanes indios, 2025 no se ha percibido como una ruptura repentina, sino como la consolidación de un modelo en el que la injusticia ya no necesita justificaciones elaboradas. Se manifiesta abiertamente, cada vez más sin ser cuestionada.

La novedad no ha sido la gravedad de los episodios individuales, sino su previsibilidad. Humillaciones públicas, perfiles discriminatorios, castigos selectivos y culpas colectivas se han convertido en experiencias cotidianas, no en excepciones.

Ningún símbolo ha representado mejor esta deriva que el uso sistemático de las demoliciones con bulldóceres. Presentadas como acciones contra “construcciones ilegales”, se han aplicado repetidamente tras tensiones comunitarias o acusaciones de violencia, afectando sobre todo a barrios y actividades musulmanas.

El 2025 ha visto el paso del discurso de odio desde los márgenes hasta el centro de la escena política. Diputados, predicadores y candidatos han utilizado un lenguaje que describía a los musulmanes como una amenaza o un peligro demográfico. La falta de consecuencias —silencios de las cúpulas, respuestas tardías de las autoridades— ha hecho que esta retórica no solo sea tolerada, sino electoralmente útil.

Los crímenes de odio, los linchamientos y los ataques masivos no han desaparecido.

Las investigaciones han seguido siendo lentas, la justicia desigual.

En muchos casos, la carga de la prueba ha sido más pesada para las víctimas que para los culpables.

Gran parte de la televisión ha amplificado narrativas islamófobas, presentando a los musulmanes como sospechosos o como “otros”. Los fracasos de la gobernanza —desempleo, inflación— se han transformado a menudo en debates identitarios. La polarización ha garantizado audiencia, pero ha remodelado el imaginario público.

La policía y las administraciones han mostrado vacilaciones o selectividad cuando los musulmanes estaban involucrados. No en todas partes, pero lo suficiente como para minar la confianza. En un país que proclama la igualdad ante la ley, la percepción de sesgo es tan corrosiva como la discriminación comprobada.

El 2025 no ha sido solo victimismo. Las comunidades musulmanas han reaccionado con recursos legales, iniciativas de solidaridad, periodismo independiente y actos cotidianos de resistencia.

El mensaje final es claro: el problema ya no es si estos modelos existen, sino cuánto tiempo podrán las instituciones democráticas resistir su normalización.

Los musulmanes indios no han perdido la esperanza en 2025. Lo que ha cambiado es que el miedo, la incertidumbre y la resistencia se han entrelazado con la vida cotidiana. Una realidad ya percibida como rutina, que debería preocupar a cualquiera que crea que la ciudadanía, la dignidad y la justicia son valores indivisibles, informó IQNA.