Una reciente declaración de Javier Diego, número dos de Vox Melilla, ha encendido la polémica en la ciudad autónoma. Durante una entrevista en la cadena COPE, el dirigente anunció que, si su partido accede al Gobierno local, una de sus primeras decisiones sería derribar la mezquita ubicada en la muralla de Melilla la Vieja, también conocida como Mezquita del Mantelete. Según explicó, consideran que este lugar de culto “oculta” una parte significativa del patrimonio histórico de la ciudad, y abogó por trasladarla a otro espacio.

Javier Diego añadió que el actual Gobierno debería negociar con los responsables religiosos para ofrecerles una ubicación alternativa y así “liberar esa parte del lienzo de muralla”. Entre sus argumentos, sostuvo que se está haciendo un uso “inadecuado” del espacio y que su partido quiere “recuperar el entorno patrimonial”.

Estas palabras han provocado una fuerte reacción de rechazo por parte de algún colectivo social y político, que defienden la pluralidad religiosa y la convivencia como elementos fundamentales de la identidad melillense, según informa el Foro de Melilla.

La asociación Comunidad Musulmana de Melilla ha emitido un comunicado en el que expresa su “más firme rechazo” a las palabras del representante de Vox. En el documento, califican las declaraciones de Diego como “de una violencia verbal intolerable” y recuerdan que expresiones como “lo primero que haríamos sería derribarla” o “que se vayan a otro sitio” constituyen un ataque directo contra un espacio de culto legítimo y contra los fieles que lo utilizan.

“El uso de ese tipo de lenguaje no solo ofende a la comunidad musulmana, sino que también atenta contra los valores de convivencia que nuestra ciudad ha defendido históricamente”, señalan. Asimismo, alertan de que este tipo de discurso puede tener consecuencias muy graves desde el punto de vista democrático, ya que “normaliza mensajes que incitan a la exclusión y la discriminación religiosa”.

Además, exigen una disculpa pública por parte de Vox y un pronunciamiento claro del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, al considerar que el silencio institucional podría interpretarse como “complicidad o tolerancia”.