La alcaldesa ultra de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha revivido este martes un viejo debate que parecía ya superado. Tras retener la alcaldía por el desacuerdo de la oposición y lograr la aprobación, automática, de los primeros presupuestos municipales de Aliança Catalana, Orriols ha planteado una reforma de la ordenanza de civismo que contempla, entre otras cosas, prohibir el uso del velo islámico en escuelas públicas y equipamientos. 

Pese a que el Tribunal Supremo ya dejó claro en 2013, en el caso de Lleida, que una ordenanza no puede alterar la libertad religiosa, Orriols ha defendido el veto al hiyab aduciendo “razones de seguridad” y para “evitar la discriminación” de las mujeres.

Lo que ha quedado claro, es el rechazo de algunos grupos a incluir la referencia al velo integral. Chantal Pérez, de Esquerra Republicana (ERC) ha señalado que la propuesta “vulnera preceptos legales e internacionales” y ha afirmado que, en todo caso, su grupo estaría por la labor de “prohibir todos los símbolos religiosos”, no solo los vinculados al islam.

La alcaldesa y líder de Aliança Catalana —un partido ultranacionalista, independentista, y caracterizado por una marcada islamofobia— le ha reprochado que eso no es posible. Sin atender a la contradicción entre sus palabras y su propuesta de reforma, Orriols le ha recordado que “prohibir los símbolos religiosos atenta contra el derecho de culto”. “Lo que se ha de atacar aquí son las prácticas misóginas”, ha dicho la alcaldesa, que no considera el velo islámico un símbolo religioso sino una prenda “misógina y fundamentalista” que “vulnera los derechos básicos de las personas”.

La propuesta de ordenanza incluye la prohibición de acudir a escuelas públicas y equipamientos municipales con “casco, pasamontañas o velo islámico”, y contempla como excepción “razones oncológicas o médicas”. 

No es la primera vez que un ayuntamiento catalán plantea una medida de ese tipo. El caso más famoso fue el del Ayuntamiento de Lleida, que prohibió el uso del burka (velo integral) en el espacio público, al que siguieron media docena más de municipios.