El mes pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dijo al gobierno de Israel que tenía que "tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la provisión de los servicios básicos y la ayuda humanitaria que se necesitan urgentemente" en Gaza. Se trataba de una orden jurídicamente vinculante, e Israel debía informar sobre su cumplimiento en el plazo de un mes.

Hoy, un mes después, Israel no la ha cumplido.

El gobierno de Israel sigue obstruyendo la prestación de servicios básicos y la entrada y distribución en Gaza de combustible y ayuda vital. De hecho, en las últimas semanas las autoridades israelíes han permitido incluso la entrada de menos camiones en Gaza y menos misiones de ayuda en el norte de Gaza que en las semanas anteriores a la orden del Tribunal Mundial.

El derecho internacional humanitario es claro en este caso: una potencia ocupante es responsable del bienestar de la población ocupada. Como potencia ocupante en Gaza, Israel está obligado a velar por el bienestar de la población de Gaza y a garantizar que se satisfacen sus necesidades humanitarias. Y en cualquier situación de conflicto armado, las partes beligerantes están obligadas a facilitar el rápido suministro de ayuda humanitaria a la población civil.

El gobierno de Israel hace caso omiso de estas obligaciones legales y desacata abiertamente la orden jurídicamente vinculante del Tribunal Mundial. Es un desafío directo al sistema internacional basado en normas.

Mientras las autoridades israelíes sigan incumpliendo sus obligaciones para con los 2,3 millones de palestinos de Gaza, la única esperanza real es que otros países presionen al gobierno de Israel para que no sólo facilite, sino que proporcione activamente ayuda vital.

Por. Andrew Stroehlein (Director Editorial y de Medios de Comunicación para Europa)