Con el pretexto de una lucha sin cuartel contra el terrorismo, los servicios de inteligencia en Occidente recogen datos e inician persecuciones contra los residentes musulmanes que incluyen hasta el espionaje y el robo de datos.

Semanas atrás un informe radial en la estación Europa 1, dio cuenta de un documento secreto distribuido entre altos funcionarios de Francia donde se identificaban musulmanes referentes en el país, con sus afiliaciones políticas. De modo tal, observaba el informe, podía entenderse mejor el apoyo musulmán al candidato de izquierda Jean Luc Melenchon en las últimas elecciones donde obtuvo el tercer lugar. El expediente incluía vigilancia, y añadía la inclinación política y grado de peligrosidad de periodistas, abogados y representantes musulmanes contra la islamofobia.

El escándalo se sumó a otro, en Austria donde se reveló los mecanismos sombríos del gobierno para presionar a musulmanes a fin de aprobar leyes que permitieran vigilarlos. Del mismo modo, en Holanda, en noviembre del 2021 se supo que varios municipios contrataban empresas de vigilancia para monitorear desde adentro la actividad de las comunidades musulmanes dentro de las propias mezquitas –lo contrataron 10 de los 39 mnuicpios-.

En Estados Unidos, el pasado mes de enero, el Washington Post reveló los detalles de una historia de espionaje contra el Centro para las Relaciones Estadounidenses-Islámicas. A este escándalo se sumó el robo de datos de apps de descarga para la comunidad islámica que eran utilizados para identificar usuarios y conocer desde adentro sus actividades. Estas aplicaciones incluían herramientas populares dentro de la comunidad como Qibla Copass, y Muslim Pro. 

Estas aplicaciones, que los musulmanes usan con frecuencia, tienen un código especial agregado para rastrear quién las descarga y las usa.