El Tribunal Superior de Justicia de Murcia que ha reconocido el derecho de una familia a que sus hijos reciban clases de religión islámica en un colegio público de la comunidad. Esa asignatura no se imparte en ningún centro murciano pese a que en la región estudian unos 23.000 menores que profesan ese credo, según los datos aportados por la Comisión Islámica de España.

La sentencia da la razón a una mujer de Cartagena, que prefiere no dar sus datos por miedo a represalias, y que lleva varios cursos pidiendo a la Consejería de Educación que ponga en marcha esas clases, que están previstas en la ley a nivel nacional desde 1992. “Basta con que haya 10 alumnos en un colegio que soliciten las clases y yo recabé casi 50 solicitudes”, explica la mujer a EL PAÍS en conversación telefónica.

la sentencia advierte de que “el derecho fundamental de los hijos de la recurrente a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros públicos que cumplan los requisitos en la Región de Murcia no ha sido respetado dada la inactividad de la Administración en cumplimentar el proceso iniciado para que se pudieran impartir clases de religión islámica”. Condena además a la Administración a pagar las costas del proceso, informó el diario El País.