A una mujer musulmana se le impidió este verano bañarse en una piscina municipal por llevar burkini. El ayuntamiento acabó disculpándose

La denuncia de la asociación Salamanca Acoge, que promueve la integración de los migrantes, es la que ha llevado al ayuntamiento, gobernado por el PP, a enviar una carta de disculpas por la prohibición inicial a esta mujer para que se bañase en una piscina municipal con la prenda que cubre el cuerpo y permite a las mujeres de confesión islámica disfrutar del baño en público. Los hechos ocurrieron en la piscina municipal del Helmántico.

En España no existe ninguna ley nacional que prohíba expresamente el burkini. Las limitaciones suelen depender de normas internas de piscinas, polideportivos o comunidades privadas, en las que se suele exigir el uso de bañador tradicional por motivos de higiene o seguridad. Sin embargo, la jurisprudencia europea y española tiende a proteger la libertad religiosa y de vestimenta, siempre que no se ponga en riesgo la salud pública ni la convivencia.

El consistorio salmantino envió un escrito de desagravio a la mujer expulsada, en el que pedía disculpas por el trato recibido. El gesto ha sido aplaudido por colectivos que defienden la inclusión y la diversidad cultural, pero también criticado por sectores que creen que el burkini simboliza una imposición religiosa contraria a la igualdad de género.

Los defensores del burkini sostienen que prohibirlo vulnera derechos fundamentales, discrimina a las mujeres musulmanas y limita la integración. También recuerda que el tejido del burkini es similar al de cualquier otro bañador deportivo, por lo que no hay argumento higiénico sólido para vetarlo.

Los críticos argumentan que las instituciones deben priorizar la neutralidad y no ceder ante presiones culturales o religiosas. Alegan que el burkini es una prenda vinculada a visiones restrictivas de la mujer y que supone legitimar una práctica que no favorece la igualdad, informó la Razón.